(L132) La “nueva” organización del desgobierno (1996)



Alejandro Nieto, La “nueva” organización del desgobierno (1996)

Descubrí al profesor Alejandro Nieto García (Valladolid, 1930) hace muy poco, fue en un programa divulgativo de la 2 TV el 3 de marzo de 2012. Es Catedrático emérito de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid; ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo y varios doctorados honoris causa en diversas universidades. Presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lleva más de veinte años analizando la realidad política del país, del que le preocupa especialmente la gobernanza. A partir de ahí me documenté y he leído su interesante libro La “nueva” organización del desgobierno (1996) del cual os hago un breve resumen de la introducción para animaros a leerlo.

“Unos ciudadanos –cabalmente los que se autotitulan guardianes de la cosa pública- se aprovecharan sin recato, como malos pastores, de la lana del rebaño común. Ahora bien, la patrimonialización del poder, es decir, la consideración del Estado como un patrimonio apropiable, cuyas rentas están a disposición del Gobierno y de sus amigos y socios, nunca ha sido tan descarada como en estos años, en que se han revivido y superado las hazañas de Mendizábal y Romero Robledo”. (p. 7)

“Tal es la tesis del presente libro: el desgobierno de España se produce por la perversa intención de la clase política empeñada en que la cosa pública no funcione para así poder saquear el país a su gusto; y a tal efecto ha provocado una desorganización sistemática del aparato público”. (p. 12)

“La desorganización tiene varios caminos: o bien se establecen reglas generales perversas que predeterminan la ineficacia posterior (como la ley de funcionarios de 1984 o la ley de procedimiento de 1992) o bien se incumplen leyes que, de ser escrupulosamente seguidas, serían muy útiles (como es el caso de la ley general presupuestaria) o, bien en fin, dejando a un lado las normas y su nivel de incumplimiento, se monta una contraorganización, es decir, se adoptan una serie de medidas enderezadas a bloquear el funcionamiento de la organización existente”.

“Los partidos políticos españoles han nacido, por desgracia, con vocación de delincuentes y ánimo de pillaje. Gastan diez o veinte veces más de lo que ingresan, cometiendo a tal propósito un sinfín de delitos: desde la vulgar defraudación fiscal a las extorsiones en gran escala. Con lo cual han destruido la legitimidad democrática y perdido su autoridad, ya que no son ellos precisamente los que pueden exigir a los españoles la honestidad fiscal y la transparencia y legalidad de los comportamientos tanto públicos como privados”. (p. 13)

“El partido en el poder se apresura a ocupar el botín más aparente –los cargos públicos- que reparte entre los suyos como los condottieri alimentaban a sus huestes a costa del vencido; pero esto sólo es el primer paso del concienzudo esquilmo que vendrá después. En la lucha electoral se decide quién va a ser el beneficiario de las rentas del Estado. Los cargos públicos funcionariales se llevan una renta limpia, nada despreciable, que son las retribuciones y, además, otra turbia aún más generosa, que son las comisiones; desde el poder se hacen favores a los amigos personales y políticos y hasta a sectores económicos y sociales enteros: una carretera o una subvención, exenciones fiscales; el poder se expande en un proceso de metástasis acelerada porque desde el aparato político se van ocupando inexorablemente las empresas públicas, las sociedades estatales, las Cajas de Ahorro y se toman posiciones de ventaja en todas las grandes empresas que quieren evitarse problemas o participar de los beneficios del poder”. (p. 14)

“El Estado español tiene, ciertamente, un talante autoritario, pero carece de energía para cumplir sus intenciones, cuando las tiene. Su energía es intermitente, espasmódica, que se agota en decisiones esporádicas, en justicias de verano. Es un Estado que puede dictar una ley de fincas manifiestamente mejorable o expropiar Rumasa y querellarse con los directivos de Banca Catalana, pero que carece de medios para llegar hasta el final. Tal es la dolorosa sorpresa que aguarda a los gobernantes noveles. Después de haber luchado tanto por el poder, cuando se instalan en el Gobierno no lo encuentran: viven bajo la amenaza de los militares, de los guardias civiles y de los policías, con los que han de contemporizar; bajo la tutela de la Iglesia, a la que no se atreven a irritar; con la benevolencia de la banca, con la que han de pactar; con la presión de los sindicatos, a los que han de contentar; y, en fin (pasando por alto las fuerzas internacionales) con la resistencia pasiva de los funcionarios, que no consiguen doblegar. Más para luchar en tantos frentes carecen de los instrumentos más imprescindibles”. (p. 17)

“Personalmente me siento cada vez más pesimista en cuanto que creo que ciertos fenómenos perversos (como la patrimonialización del poder; la frivolidad política, la falta de identificación de los ciudadanos con el Estado, la corrupción, el deterioro de los servidores del aparato administrativo) son irreversibles y los daños producidos irreparables. Pero el talante del autor no debe contagiar al de los lectores. Lo importante es que lo que aquí se cuenta es cierto y que sea correcto el análisis de los datos manejados”. (p. 6)


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